La falta de policías dispara el gasto en seguridad privada en sedes judiciales

Lo que sobre el papel podría parecerse a un tramo final de vida laboral sin excesivos sobresaltos empieza a no serlo cuando lo que faltan precisamente son compañeros en el tránsito hacia la jubilación. Es lo que ocurre en los juzgados gallegos, cuya seguridad está en teoría en manos de policías en situación de segunda actividad, o bien en activo con más de 58 años; y de guardias civiles en la reserva que se presentan de forma voluntaria al servicio de vigilancia y protección.­

Desde el 2006, en la etapa del bipartito, la Xunta ha firmado anualmente un convenio con el Ministerio del Interior por el cual la Administración autonómica habilita una partida de 1,7 millones de euros para que 203 agentes, bien de la Policía Nacional (81) o de la Guardia Civil (122) custodien 56 instalaciones judiciales, pero lo cierto es que ese plantel está bastante lejos de desplegarse como indica el acuerdo.

Paralelamente, la Consellería de Presidencia ha ido cubriendo con contratos con empresas de seguridad los huecos que dejaban los agentes, y la factura es cada año más importante. En el 2012 el concurso se resolvió por un montante que rondaba los 106.000 euros para dar cobertura a seis edificios. El pasado mes de mayo se publicó la última resolución de contrato -que se llevó la empresa Ilunión- por un importe neto de 349.000 euros, una cifra triplicada y necesaria para garantizar la vigilancia en los edificios judiciales de A Coruña (Matogrande), Cangas, Lalín, Vigo, Ferrol o Tui, y también en los registros civiles de A Coruña y Ourense, entre otros destinos.

Es el caso también de la sede judicial de Viveiro. «Tenían un agente hasta que se jubiló, y ahora hay una persona de seguridad que se tiene que encargar de tres plantas y dos juzgados». Se ha elaborado un informe referido a las principales ciudades que revela otra situación preocupante. Allí donde hay policías al frente de la seguridad faltan por cubrir un 30 % de las plazas. «Hay 38 guardias donde deberían estar 54», advierten, con casos llamativos como el de Vigo, con cinco puestos cubiertos de los ocho adjudicados, o A Coruña, con 10 de 14.

El sindicato policial mayoritario, SUP, lleva meses llamando a puertas para solucionar un problema que circunscribe a la falta de agentes que respondan a las características de esas plazas, y por ello proponen que en vez de poner el listón en los 58 años se tenga en cuenta a los funcionarios de mayor edad, sin más. Pero tal como sospecha Roberto González, secretario general de la central, existe el temor entre los mandos superiores a que de esta forma se adelgacen aún más las plantillas de las comisarías. «El destino es atractivo y nos parece adecuado para la recta final laboral de un policía», explica González, quien no ve ánimo privatizador en la Xunta, sino un problema administrativo de requisitos.

La demanda, que respaldan los funcionarios, no es caprichosa. Santos reclama el llamado «botón del pánico» en unas oficinas en las que, asegura, se viven situaciones tensas «especialmente desde que estalló la crisis económica» sin apenas protección.

Contrato de 16,4 millones para los próximos tres años

El gasto en seguridad privada para la vigilancia de 36 edificios administrativos con otros usos autonómicos ascenderá a 16,4 millones de euros para los próximos tres años. Es el último contrato aprobado por el Ejecutivo gallego el pasado jueves y que se adjudicará en el mes de marzo. La nueva licitación incrementa su importe un 8,5 % para responder a los aumentos salariales incluidos en el último convenio nacional.

Fuente: La Voz de Galicia

One comment

  1. Entiendo que el gasto se dispara por que la partida destinada a la prestación de los agentes públicos, se paga íntegra, a pesar de los huecos vacíos……¿No?
    No hice el cálculo pero creo que la seguridad privada sale más barata, aún incluyendo el beneficio empresarial.

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