Entre los trabajadores de Loomis, circula una metáfora que encapsula muy bien el momento que atraviesan las empresas de transporte del dinero: “¿Por qué cuando inventaron el ascensor no quitaron las escaleras? Por si había un incendio, como precaución. Pues lo mismo ocurre con el dinero en efectivo y los pagos electrónicos”.
En una mesa del castillo fortificado de Loomis, en Vicálvaro, ocho millones de euros en billetes de 50 esperan a ser trasladados a la cámara acorazada. Estas cantidades, sin embargo, no impactan a los empleados que han venido a trabajar este lunes. Hasta la pandemia, ellos estaban acostumbrados a que desde primera hora se acumularan montones de billetes que traían los furgones blindados de sus trayectos de madrugada a gasolineras, restaurantes o bancos.
Sin embargo, uno de los efectos colaterales de la crisis sanitaria ha sido el aceleramiento del “uso de los métodos de pago sin efectivo”, según el Banco Central Europeo. Otros estudios del sector cifran en un 70% el número de españoles que han limitado el uso de dinero en metálico en el último año. Y esta caída ha provocado, entre otras cosas, el fin de las rutas nocturnas de Loomis porque ya no salen rentables. Pero desde la empresa señalan otras razones diferentes a la pandemia.
“Ha habido una presión brutal de las grandes tecnológicas y los bancos por acabar con el efectivo”, explica Gonzalo Suárez, asesor jurídico y tecnológico de Loomis, en las oficinas de Vicálvaro. Suárez insiste en que la crisis sanitaria ha sido una anomalía estadística —y no la nueva normalidad— y que el efectivo y las opciones de pago electrónicas siempre han convivido bien. “En esta batalla, somos David contra Goliat, porque pelear contra Apple, Google o Amazon, que están expandiendo sus negocios, junto a los bancos… es muy complicado”.
En apenas un año, plataformas tecnológicas como Bizum se han disparado, los bancos han cerrado sucursales y cajeros y las grandes tecnológicas han preparado el desembarco para ofrecer también servicios financieros. Además, en un intento por reducir el blanqueo de capitales, el Gobierno de Pedro Sánchez limitó hace unas semanas los pagos entre empresas de 2.500 euros a 1.000. “Persiguen el fraude del pobre y se olvidan del fraude del rico”, apunta Suárez.
Ante esta situación, Loomis, cuya sede principal está en Suecia, abre sus puertas a El Confidencial en un gesto prácticamente inédito en la historia de la industria. Hasta la fecha, el sector —que se compone principalmente de Loomis y Prosegur— siempre había preferido alejarse de los focos mediáticos por tratarse de un negocio opaco y basado en la confidencialidad. Pero ahora han decidido movilizarse para lanzar un mensaje: “¿En qué tipo de sociedad queremos vivir?”, se pregunta el asesor de Loomis. “¿Queremos depender solo de grandes compañías chinas y estadounidenses transnacionales o vivir en un modelo mixto?”.
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