USO niega “ilegalidad” en la vigilancia privada de Marchena y lamenta las “descalificaciones” a los empleados

Después de que el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), gobernado por María del Mar Romero (PSOE), incorporase agentes de seguridad privada contratados para que apoyen a la Policía Local y no dejar “desprotegidos” los turnos policiales, pues 23 de los 31 agentes en activo del cuerpo están de baja por incapacidad temporal, en el marco del conflicto entre estos funcionarios y el Gobierno local, la Federación de Seguridad Privada del sindicato USO en Andalucía ha descartado todo “rasgo de ilegalidad o de usurpaciones de funciones”, lamentando las “descalificaciones y calumnias” vertidas contra estos vigilantes.

USO expone en un comunicado que una vez que los vigilantes de la empresa IRIS, contratada por el Ayuntamiento de Marchena, comenzaron a hacer rondas junto a la Policía Local en los vehículos de este cuerpo para suplir las numerosas bajas, estos trabajadores han sido objeto de “descalificaciones” y acusaciones “injustas de intrusismo profesional, lo que ha llevado a un desprecio a los profesionales que llevan años demostrando constantemente su valor y profesionalidad”.

USO Andalucía indica al respecto que “es del todo legal la licitación de un servicio de seguridad en una administración pública de carácter local para la prestación de servicios de seguridad privada en base a la custodia de edificios y hasta de rondas”.

“La Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril, establece en su artículo 5.a) como funciones del personal de seguridad privada ‘la vigilancia y protección de bienes, y establecimientos (…) tanto públicos como privados'”, precisa.

Además, USO Andalucía señala que esta misma ley recoge “la participación (de los vigilantes) en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial”.

Por eso, después de que el Sindicato Profesional de la Policía Municipal de España (Sppme) viese “de dudosa validez” esta contratación, avisando a los empleados de IRIS de que serán “responsables” de las “incalculables consecuencias” de esta situación, USO asegura que “no existe rasgo de ilegalidad ni de usurpaciones de funciones en el servicio prestado por los vigilantes de este servicio”.

“Es legal custodiar edificios y hacer rondas para complementar la acción policial”, asevera USO Andalucía, recordado que la licitación de este servicio de seguridad del Ayuntamiento de Marchena fue avalada por la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Sevilla y la Subdelegación del Gobierno, “ante el déficit de seguridad que supone para la población no tener activos de la policía local en el municipio”.

“Encontramos desproporcionadas e injustas las calumnias y descalificaciones vertidas sobre estos grandes profesionales que no han hecho otra cosa que realizar un trabajo para el que están habilitados y que desempeñan según lo establecido legalmente. En ningún caso el trabajo realizado supone intrusismo profesional ni usurpación de funciones”, defiende USO Andalucía.

Fuente: 20 Minutos