La firma de seguridad EME entra en concurso y agrava la crisis del sector

La empresa de seguridad privada del Grupo EME ha entrado en concurso de acreedores y se encuentra ya bajo administración judicial, agravando la situación de un sector en el que más de una decena de compañías han ido a la quiebra por los bajos precios ofertados.

La compañía llevaba meses presentando problemas de liquidez y acumulando impagos muy significativos con la plantilla, en algunos casos incluso desde julio del año pasado. De acuerdo con el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, EME suma una deuda de 12,6 millones de euros, pero su activo es algo mayor, de 14,9 millones.

Aún así, el juez Francisco Javier Vaquer, del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, ha admitido el concurso y nombrado administradora concursal a la abogada Manuela Serrano Sánchez.

La Federación de Seguridad de UGT apunta que la quiebra “abre nuevamente el debate sobre el modelo de contratación de servicios de seguridad en nuestro país, unido a malas prácticas empresariales”. Según el sindicato,”EME representa una vez más un amplio ramillete de empresas que operan en el sector de la seguridad privada basando sus estrategias comerciales en aumentar la facturación fruto de adjudicaciones a bajo precio para posteriormente y una vez contraídas deudas con Hacienda y la Seguridad Social presentar concurso y evitar los pagos”.

Deterioro paulatino

En el caso de EME, y según las fuentes consultadas por este periódico, esta deuda con la Administración Pública superaría los 2,5 millones de euros. La situación se agrava además ante la doctrina emitida por el Tribunal Supremo, según la cual, cualquier empresa de seguridad que acuda a prestar servicio en los clientes de la firma quebrada debe asumir las deudas de ésta, lo que dificulta la subrogación del personal. EME, que llegó a contar con alrededor de 600 trabajadores en plantilla, apenas tiene ya unos 70, habiendo quedado el resto en situación de desempleo.

En los últimos meses, los sindicatos han llevado a cabo movilizaciones y actuaciones jurídicas en Euskadi, Galicia, Castilla León, que se han ido extendiendo en todo el territorio nacional “donde usuarios, empresas y gobierno son responsables de la lamentable situación vivida por vigilantes y auxiliares de servicios del Grupo Eme”.

La situación de esta compañía, en cualquier caso, no es única. En los últimos años empresas como Falcon, Seguor, Integral Canaria, Novosegur, Marsegur, Sinergias, Segur Ibérica, LPM o Ombuds, entre otras, se han visto obligadas a dejar de esperar, “dejando un numero importante de familias en desempleo a lo largo del territorio nacional, situación que sin duda seguirá produciéndose si el Gobierno sigue pasando de perfil ante una situación que requiere de una intervención de urgencia por parte del Ejecutivo”, según los sindicatos.

Fuente: El Economista