El que ha sido número dos del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, Héctor de Armas, habló por fin a corazón abierto el pasado viernes ante el Juzgado número 8 de Las Palmas, que le mantiene imputado a él y a su jefe por defraudación tributaria y delito contra la Seguridad Social. De Armas compareció, según él mismo confesó, para contar todo lo que ha visto como escudero de Ramírez durante la última década. Aseguró que lo hace ahora porque su salud es “precaria” -tiene una enfermedad grave y avanzada- y quiere “quedarse en paz”. Le gustaría, aseguró en concreto ante el juez, dejarle a sus hijos un legado de “dignidad”.
El declarante afirmó con rotundidad que era una práctica extendida en el conglomerado empresarial la de pagar a los trabajadores horas extraordinarias y sobresueldos en forma de dietas con el fin de no declarar la cantidad desembolsada a la Agencia Tributaria. Esta praxis, en un grupo conformado por más de 5.000 empleados, al final arrojaba unas sumas nada desdeñables, según explicó De Armas, que empezó a trabajar para Ramírez en 2010 como “falso autónomo” con un sueldo de 4.000 euros mensuales, aunque pronto pasó a figurar como administrador.
El modo de funcionar narrado estaba tan normalizado en las mercantiles propiedad de Ramírez (más de una decena), detalló De Armas, que el empresario lo aplicaba hasta en la Unión Deportiva Las Palmas, entidad deportiva que preside desde que en julio de 2005 la rescató de la intervención judicial. “Los futbolistas de la Unión Deportiva cobraban igualmente con el concepto de dietas lo que no era”, afirmó De Armas, que desde junio de 2018 es propietario del 100% de las acciones de Seguridad Integral Canaria, la principal empresa de seguridad del grupo Ralons, el que aglutina la mayoría de sociedades de Ramírez.
La mano derecha del conocido como ‘rey de la seguridad canaria’ admitió durante su declaración judicial que “había un pacto” entre los trabajadores y la dirección del grupo para mantener en secreto todo este «tinglado». Ambas partes sabían que los empleados cobraban dietas cuando en realidad se trataba de horas extraordinarias y, sin embargo, ambos lo aceptaban. «Todos contentos, porque ni la empresa ni los trabajadores las declaraban», valoró De Armas durante su declaración como investigado. Sin embargo, la cosa -continuó el administrador- «fue degenerando». «Hubo algún trabajador que llegó a cobrar más horas de las que tiene el mes», sentenció el directivo, que relató que la trampa no solo servía para los subordinados, que el propio convenio «establecía el abono a los trabajadores por debajo de lo establecido».
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Fuente: El Confidencial
Vigilante de seguridad 