USO avisa que Novosegur deberá 7 millones si su convenio es el nacional

USO ha advertido hoy de que la empresa Novosegur, antes conocida como Marsegur, deberá a su plantilla más de siete millones de euros si el Tribunal Supremo confirma la sentencia que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector.

En un comunicado, USO valora la información ofrecida ayer por Novosegur a los sindicatos en la sede de su administrador concursal (el despacho de abogados Pluta) como un intento “de lavar la cara” a la compañía.

Este sindicato asegura que los representantes de Novosegur y el administrador de su concurso de acreedores han destacado la “supuesta solvencia y saneamiento de los que dispone la empresa en el momento actual”, tras ponerse al día en el pago de los salarios desde mayo y ver como se levantaban los embargos que pesaban sobre sus cuentas por parte, entre otros, de la Seguridad Social.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, sostiene que esa información es una “cortina de humo” destinada a “ocultar la verdadera realidad de una empresa que, agarrada desesperadamente al crédito que le proporciona las concesión de los últimos contratos con la administración pública, reza para que éstos puedan ser subrogados en el tiempo por la imposibilidad que en la actualidad tiene de licitar por su situación concursada”.

Además, advierte de que si el Supremo ratifica la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que anuló su convenio particular de empresa y le obliga aplicar el pacto colectivo del sector, deberá a su plantilla más de siete millones de euros, porque tendrá que abonar con carácter retroactivo unos 300 euros adicionales al mes a cada trabajador por un periodo de cuatro años.

“Salta a la vista que en esta evidente situación de ahogamiento y de intervención judicial, la empresa pretende salvar los muebles con medidas oportunistas de pagos de salario según convenio que, como todo el mundo sabe, es una de las obligaciones que le impone la nueva Ley de Contratación Pública si pretende sobrevivir en el mercado de la seguridad privada, y no un gesto que le honre como empresa”, opina USO.

Fuente: La Vanguardia