La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo. Una ley que, entre otras cuestiones, impide a la Administración pública ofertar contratos a precios ‘low cost’ y aporta una mayor protección a los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Curiosamente, días antes de su puesta en marcha, la web de Contrataciones del Estado registró un extraño e inusual movimiento: se publicaron cerca de 2.500 concursos públicos, de los cuales más de 400 quedaron registrados en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
Una situación denunciada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) y que ha podido comprobar MERCA2. Según el colectivo sindical, ese mismo día se registró una cifra 10 veces superior a la de cualquier otra jornada. Es decir, lo normal serían 250, y ese día, se registraron cerca de 2.500.
Una maniobra completamente legal, aunque de dudosa ética y transparencia teniendo en cuenta que un día después entraba en vigor una normativa que restringe los contratos públicos ‘low cost’. Es precisamente la administración central, las autonómicas e incluso las locales las que han aprovechado esta circunstancia.
Aunque no las únicas. Empresas públicas como Paradores –con un contrato de 5 millones para publicidad, entre otros– o la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) también anticiparon sus licitaciones a la fecha.
Asimismo, durante el último mes, el sindicato denuncia que “se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso numerosas e importantes licitaciones que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores”. Entre ellas, el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.
Evitar la nueva ley
El motivo no es otro que esquivar una legislación que elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. También establece un límite del 20% a la figura de los modificados, o incluye entre las causas de resolución del contrato el impago de los salarios por parte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
Por ello, estos contratos se regirán por la ley anterior, mucho más laxa. “No debemos olvidar que a los procedimientos licitados con anterioridad a esa fecha les será de aplicación la legislación anterior”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
“Este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de auténtica miseria”, denuncia Basilio Alberto Febles, secretario General de la FTSP-USO.
Pero no solo preocupan estos concursos a última hora. “Lo que debe haber sido de órdago es la cantidad de contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad que se habrán adjudicado sin transparencia ni concurrencia o con una concurrencia mínima aprovechando los estertores del derogado Texto Refundido”, explica el abogado.
La nueva ley tuvo sus defensores y detractores. En octubre de 2017, el Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, rechazó todas las enmiendas introducidas en el Senado por el PP. Estos querían establecer como prioritarios los convenios de empresa sobre los sectoriales –que suelen tener mejores condiciones laborales–.
Contratos de seguridad
Muchos de los contratos que se publicaron ese 8 de marzo corresponden a servicios de seguridad. Y el principal motivo es que muchas de las compañías adjudicatarias más tradicionales han sometido a sus trabajadores a contratos precarios. Tal es el caso de empresas como como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen. Esta última es la originaría del caos vivido el pasado verano en el aeropuerto de El Prat con la huelga del personal de control de seguridad.
Además de la Vigilancia de la Administración General del Estado, existen otros tan importantes como el servicio de vigilancia y protección de diversos edificios del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 1,54 millones de euros.
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