Seguridad Integral Canaria se repliega a Canarias

Seguridad Integral Canarias (SIC) está poniendo en marcha un plan de saneamiento de sus cuentas que incluye llegar a fin de año con un 90 por ciento menos de plantillala venta de una parte de sus negocios y el abandono escalonado de todos los contratos que tenía fuera de las islas.

La compañía canaria, cuyo accionista mayoritario es el empresario Miguel Ángel Ramírez, experimentó un fuerte crecimiento la pasada década gracias a los precios que ofrecía en las licitaciones de concursos públicos de seguridad, en un contexto de crisis en el que la mayoría de ellos se convirtieron en subastas a la baja.

SIC pudo ofrecer esos precios tras la última reforma laboral, a la que se acogió para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar un acuerdo de empresa con salarios sustancialmente inferiores, lo que le granjeó duras críticas de los sindicatos, que la acusaron de convertirse en “la reina de la seguridad low cost”.

Sus directivos han reconocido hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que hace unos meses invalidó su convenio y le obliga a pagar a sus empleados con carácter retroactivo los salarios pactados en el convenio nacional hace “inviable” su estructura de costes, que han crecido de forma repentina, mientras que los ingresos van a la baja.

En este contexto, han explicado que han preferido apostar por una salida que evitase el concurso de acreedores, el despido de personal o el impago de nóminas: vender el grueso de su cartera de clientes a la sociedad Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), que sigue trabajando con un convenio propio, con salarios inferiores a los suyos, pero que no ha sido anulado por los tribunales.

De hecho, en estos momentos, SIC solo conserva los contratos de aquellas licitaciones que por ley no puede transferir a otras compañías (porque no se ha cumplido el 20 % de su tiempo de duración) y el único servicio que presta ya fuera de Canarias: la vigilancia del Metro de Madrid, donde su contrato expira en junio.

Los directivos de la empresa de Ramírez ha explicado que, en este momento, su decisión es no volver a competir por el nuevo contrato del Metro de Madrid (que le reporta hoy unos ingresos mensuales de 1,7 millones, con un coste salarial de 690.000 euros al mes), sino centrarse solo en actividades en Canarias, puesto que reconocen que su estrategia de expansión a la península “fue un error”.

SIC tenía en nómina el 1 de septiembre a 2.518 empleados. Tras haber comenzado a traspasar sus contratos a SVS, ahora cuenta con 794 y acabará el año con 269, la décima parte de los que tenía.

Además, ha llegado a un acuerdo con Intersindical Canaria para abonar a su plantilla de forma escalonada hasta 2020 todos los atrasos que les adeuda como consecuencia de la sentencia del Supremo que le obliga pagar con carácter retroactivo el convenio nacional, a cambio de que esa organización levante los embargos que había planteado contra la empresa, liberando así su tesorería.

La dirección de SIC no le ve sentido a seguir creciendo en el negocio de la seguridad privada, porque lo considera un sector maduro, con facturación a la baja y que puede verse abocado en breve a una reconversión, ya que la Ley de Contratos del Sector Público obligará en unos meses a las empresas que pujen por servicios de vigilancia en la administración a pagar el convenio estatal.

A su juicio, la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat de hace unos meses (que afectó a Eulen), no ha sido más que la primera vez que transciende a todo el país la crisis a la que, a su juicio, se encamina el sector.

Sin embargo, sí considera que puede sostener una empresa con 265 empleados en servicios de vigilancia, sobre todo si, como espera, en próximas fechas vende parte de sus negocios, por un importe que le permitirá saldar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

SIC subraya que en todo este proceso ha dado prioridad a soluciones que evitaran los despidos y pasaran por traspasar contratos a otra empresa que se subrogara en sus plantillas.

Fuente: Cadena Ser