La FTSP-USOCV se reúne dentro de la campaña ‘por una contratación pública socialmente responsable’. con políticos de Podemos en la Comunidad Valenciana

Tanto la semana pasada, como la presente, y dentro de la campaña de concienciación que la FTSP-USO mantiene con los diferentes estamentos públicos, grupos parlamentarios y políticos de todos los signos y colores, en todo el territorio nacional; con la finalidad de explicarles las consecuencias nefastas que para los trabajadores del sector provoca el que sea el precio de manera exclusiva lo que determine la contratación de empresas de seguridad que trabajaran en los diferentes centros públicos, con este motivo,  la FTSP-USOCV ha mantenido varias reuniones con grupos políticos y diputados de las Cortes Valencianas, como ha sido en esta ocasión con los del grupo político PODEMOS.

A estas reuniones han asistido en representación de la FTSP-USOCV su secretario general Juan Fresneda y la secretaria de igualdad Milagro Albert. A saber:

  • La semana pasada, Antonio Montiel Márquez, secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana y cabeza de lista a las Cortes Valencianas por ese partido en las elecciones de mayo de 2015. Ya era conocedor de la problemática de la contratación de empresas piratas por parte de las diferentes Administraciones Publicas. “Le entregamos documentación para su estudio”.
  • La presente semana, miércoles 11 de octubre volvieron a asistir a las cortes Valenciana, siendo recibidos por Fabiola Meco y  Daniel Geffner, diputados por PODEMOS.  “Tras nuestras explicaciones y preguntas del porque está pasando esto en la Generalitat Valenciana, no dan crédito a lo que allí les exponemos, estando sumamente interesados en que nos volvamos a reunir en fechas próximas para poder estudiar la documentación aportada, y llevar este tema de la contratación pública al pleno de las Cortes Valencianas”.

Desde la FTSP-USO en general, como desde la FTSP-USOCV, seguiremos trabajando en pos de conseguir una contratación pública socialmente responsable y evitar que puedan acceder a los concursos públicos aquellas mercantiles, que se lucran a costa de no pagar correctamente los salarios.