Cospedal gasta 420.000 euros en simular un barrio árabe, mientras permite la explotación laboral de vigilantes

La empresa contratada por la ministra de Defensa para vigilar el Museo del Ejército ha sido condenada dos veces por la AN.

No es broma. La ministra de Defensa, diputada nacional por Toledo, presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general de la misma formación, María Dolores de Cospedal, se va a gastar 420.000 euros del erario público en la construcción de un barrio árabe en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete), que se utilizará como escenario para el adiestramiento de los ejércitos en combate.

La noticia no dejaría de encuadrarse dentro del esperpento nacional si no fuera porque, paralelamente a esta delirante construcción, la lideresa permite que la empresa que ella misma contrató para vigilar el Museo del Ejército, sito en el emblemático edificio del Alcázar de Toledo, continúe prestando estos servicios a pesar de haber sido condenada hasta en dos ocasiones, a instancias del Ministerio de Trabajo, por aplicar políticas laborales “contrarias a derecho y no reunir los requisitos de legitimación recogidos en el Estatuto de los Trabajadores”, señala la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

No tiene permiso para armas

sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata. Además, la empresa está empleando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior, incurriendo en intrusismo laboral.

Condenada a costas por mala fe

En este sentido, “asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional”. Y es que la última sentencia de la AN, del pasado 5 de mayo, no sólo declaró contrario a derecho el convenio colectivo que Marsegur pretendía que sustituyera al que ya le fue declarado nulo un año antes, sino que además impuso a la empresa una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad.

“El capo de la seguridad privada”

Pese a las sentencias, la empresa continúa aplicando el convenio colectivo anulado por la AN, con la considerable merma salarial y grave deterioro laboral de los vigilantes, que también pretendió aplicar en las dependencias del Gobierno de Castilla-La Mancha, organismo que cuando comprobó que la empresa  cambió a la baja los salarios y las condiciones de los vigilantes que venían prestando ese servicio decidió rescindir de inmediato la contrata con Marsegur, empresa que al igual que Sinergias pertenecen a la órbita patronal de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y conocido como el “capo de la seguridad privada en España”.

Fuente: El Plural