Esta afirmación constituye la primera frase de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en España en 2014. Un marco legal destinado a regular la actuación de un sector económico integrado en nuestro país por algo más de 1.500 empresas y 342.000 trabajadores.
Avanza el legislador en su redacción subrayando que la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de “anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos”, para reconocer de inmediato que junto a su consideración como actividad con entidad propia, la seguridad privada “es parte integrante de la seguridad pública” y como tal se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad “no solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo”.
Los terribles atentados de París, el desprecio absoluto a los más elementales sentimientos de humanidad que protagonizan los terroristas de ISIS, sus formas calculadas de extender el terror, han sometido al enunciado de esta Ley a una prueba de realidad que nadie hubiera deseado, pero que se ha hecho patente.
Fueron los servicios de vigilancia privada que prestaban sus servicios en el estadio de Saint-Denis quienes detectaron y lograron expulsar al yihadista que pretendía inmolarse durante el transcurso del partido de fútbol que disputaban las selecciones de Francia y Alemania. De haber logrado su macabro objetivo, la tragedia habría resultado aún mayor, ya que la intención premeditada era provocar mediante el pánico una avalancha humana, en unas instalaciones que albergaban en ese momento 80.000 espectadores.
Pocos días después, con los informativos y páginas de todos los medios de comunicación abriendo en titulares con las noticias generadas a partir de la reacción internacional, e interna, a los atentados y alrededor del llamamiento a la unidad frente a quienes pretenden acabar con nuestro sistema de libertades, el Santiago Bernabéu acogía un partido que siempre es considerado de alto riesgo, pero que en este contexto habría de serlo aún más. Supimos entonces que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el operativo destinado a garantizar que el clásico entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona discurriera sin sobresaltos, estaba integrado por 1.400 vigilantes de seguridad.
De nuevo en este caso, y a la luz de los acontecimientos, cobra pleno sentido otra de las afirmaciones de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, cuando expresa que “la seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada”.
Es bueno tener estas cuestiones presentes, porque entre los muchos debates que de manera legítima se pueden suscitar en la sociedad, hay líneas de pensamiento que encuentran siempre ocasiones para manifestar que lo público es enemigo de lo privado -tal vez lo oigamos de nuevo de aquí a la celebración de las próximas elecciones del 20 de diciembre-. Un buen número de quienes así opinan suelen hacerlo de manera indiscriminada y contra toda suerte de sectores y servicios, como si de un mantra se tratase. Les basta con reiterar la afirmación, en la pretensión de otorgarle categoría de argumento.
La defensa de las libertades y de los derechos fundamentales, entre ellos el recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada por Naciones Unidas, el derecho a la vida y a la seguridad personal, puede y debe hacerse, no obstante, desde ámbitos colaborativos entre lo público y lo privado, desde la cooperación y si me lo permiten, desde el sentido común.
La ley de Seguridad Privada en España fija límites muy claros a la actividad de vigilancia; establece controles rigurosos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre el sector y quienes lo integran -empresas y profesionales-. Y esta intervención es tan positiva como necesaria. Nos hace ser mejores en el servicio y más efectivos en la protección de las personas en sus hogares, centros de trabajo o lugares de esparcimiento.
El marco será aún más completo cuando se apruebe el correspondiente Reglamento, que esperamos sea una realidad en los primeros meses de la próxima legislatura. Mientras tanto, desde el punto de vista estrictamente económico, el sector de seguridad privada en España no difiere sustancialmente de otras actividades empresariales. El camino pasa por la formación permanente de nuestros profesionales, por la apuesta tecnológica para mejorar los sistemas de seguridad, por una adecuada financiación y por una gestión eficiente, teniendo en cuenta que una parte significativa del tejido está formado por sociedades que no han perdido su carácter de empresa familiar.
El informe del Observatorio Sectorial DBK, que acaba de hacerse público, indica en sus previsiones que 2015 cerrará con un probable crecimiento del mercado de la seguridad privada que puede cifrarse en el 1,5%, hasta situarse en 3.775 millones de euros. Confirma este sector la apreciación de que la economía española comienza a dar signos de cierta recuperación o, al menos, de un cambio de tendencia apreciable. Al respecto, cabe señalar que es la primera vez que esta actividad sectorial crece en facturación desde el ejercicio 2009. No obstante, la presión a la baja existente en los precios, obliga a redoblar los esfuerzos competitivos, ya que los márgenes comerciales son tan estrechos que cualquier error o fallo en la planificación puede dar al traste con la rentabilidad e incluso con la viabilidad de algunas empresas.
En Grupo Sureste lo hemos entendido así. Las inversiones realizadas en tecnología, nuevas herramientas de gestión, calidad, recursos humanos, y cuadros directivos, se han traducido ya en un salto cualitativo que nos ha situado en el Top’15 de las empresas de seguridad privada en España, con una plantilla total próxima a superar los 2.000 trabajadores.
A todos ellos me cabe agradecer su compromiso con la empresa. Pero hoy, desde esta tribuna, quisiera expresar públicamente mi gratitud, de un modo especial, a los que tienen encomendadas labores de vigilancia y control. Lo hago además extensible a quienes realizan estas mismas funciones en otras empresas del sector. Su papel es esencial para garantizar la seguridad que todos demandamos y su propia vida está en juego cada vez que visten el uniforme.
Por eso su función constituye un valor social. Por esta razón, la seguridad privada, además de ser un sector económico generador de empleo es, ante todo, un servicio público que complementa, fortalece y facilita la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fuente: MurciaEconomía