El Consejo de Gobierno decidió ayer respaldar la petición cursada por el superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, para destinar más vigilancia privada al control de las 317 VPO de Loma Colmenar, toda vez que cuando comience el curso escolar la Policía no podría cubrir los turnos de control en las puertas de los centros escolares.
El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, informó ayer a los medios del acuerdo alcanzado para reforzar con 4 vigilantes de seguridad privados a las dos patrullas que actualmente controlan la promoción; patrullas que se reducirán a una sola a partir del 9 de septiembre cuando comiencen las clases.
La permanencia de esos cuatro vigilantes, que comenzarán a trabajar el próximo lunes, supondrá un gasto con cargo a las arcas municipales de 20.000 euros mensuales. Su presencia se extenderá hasta diciembre, ya que previsiblemente las casas comenzarán a ocuparse en noviembre. “No hemos querido quedarnos cortos” de tiempo, expuso Hachuel.La merma en la plantilla de la Policía Local, reconocida por la propia Ciudad, por la Jefatura Local y por los sindicatos (con mayor o menor carga crítica), ha causado la adopción de esta medida ya que con el organigrama del que se dispone resultaba inviable que pudieran cubrirse con las garantías debidas todos los puestos bajo competencia municipal.
Los cuatro vigilantes permanecerán en turnos de 24 horas en los portones de las viviendas que se van a adjudicar, con el objeto de evitar que haya una ocupación violenta de algunas de las casas por parte de personas que o bien no se han visto reflejadas en la preselección o sí aparecieron en la denominada ‘lista fantasma’, considerando por tanto que sí tenían derecho a esa vivienda.
Esos cuatro vigilantes estarán apoyados por dos vehículos patrulla policiales ubicados en el perímetro hasta que en septiembre solo quede uno, con presencia obligada por rotación también hasta el mes de diciembre.
De esta forma el Gobierno busca blindarse ante la situación que más teme: que alguna de las viviendas sea ocupada por la fuerza y termine generándose un segundo problema, ya que habría que activar todos los trámites legales para forzar a desactivar esa ocupación. Ha habido intentos. Algo que reconocen incluso algunos de los integrantes de la acampada sorpresa levantada en torno a estas VPO por afectados. El Gobierno confía en poder cumplir con todos los plazos establecidos para que el sorteo se celebre en las próximas semanas, puedan adjudicarse las viviendas y se puede proceder a arreglar un desaguisado que ha terminado en el juzgado y que ha dado pie a la creación de una comisión de investigación para aclarar cómo pudo terminar publicándose una lista en un medio, cómo el anterior máximo responsable de Emvicesa, Antonio López, ha arremetido contra la propia estructura política de mando al considerarla conocedora de todos los pasos que daba y cómo, finalmente, se va a recuperar la confianza en torno a la política que en materia de vivienda se lleva realizando.
Fuente: Elfarodigital.es