Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO denuncian públicamente la decisión de ABANCA de retirar, a partir del próximo día 30, a los vigilantes de seguridad de sus oficinas móviles.

Estas oficinas itinerantes, que recorren buena parte del territorio gallego, han sido hasta ahora un recurso fundamental para acercar los servicios bancarios a la ciudadanía del medio rural. En ellas se realizan operaciones con efectivo, trámites administrativos y gestiones personales que requieren confianza, seguridad y protección frente a posibles delitos.
La presencia de vigilantes de seguridad ha garantizado durante años un entorno seguro tanto para los trabajadores de la entidad como para los clientes, en su mayoría personas mayores y colectivos vulnerables, que encuentran en este servicio su única vía de acceso presencial a la banca. Suprimir esa protección supone exponerlos a situaciones de riesgo que no solo son previsibles, sino que han sido históricamente reales: robos, atracos o intentos de agresión en servicios financieros de este tipo.
La Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014) establece claramente que corresponde a los vigilantes la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y personas, así como la custodia del transporte de dinero en efectivo. Las oficinas móviles cumplen exactamente con esas condiciones: se trasladan con fondos y atienden al público en espacios abiertos y en entornos rurales donde la presencia policial suele ser limitada.
Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) obliga a los empleadores a garantizar la seguridad de los trabajadores y a protegerlos frente a cualquier riesgo grave o inminente. Quitar la vigilancia especializada de estas unidades no solo incumple este deber, sino que deja a los propios empleados de ABANCA desprotegidos ante escenarios de peligro.
Iván Blanco, Sº de Organización Estatal de la FTSP-USO, declara:
“Esta decisión es incomprensible e irresponsable. Hablamos de oficinas que transportan efectivo y que atienden a ciudadanos en condiciones de especial vulnerabilidad. Eliminar la figura del vigilante de seguridad es dejar a usuarios y trabajadores vendidos ante la delincuencia. La seguridad no es un lujo, es una necesidad y una obligación legal”.
Desde la FTSP-USO advertimos que este cambio no responde a criterios de seguridad ni de servicio, sino exclusivamente a un recorte económico. Reducir costes a costa de dejar indefensas a personas y trabajadores es un ataque directo a la seguridad ciudadana y una irresponsabilidad que, en caso de producirse incidentes, tendrá responsables claros.
Reclamamos que ABANCA rectifique inmediatamente y mantenga la presencia de vigilantes de seguridad en todas las oficinas móviles, garantizando así la protección de usuarios, trabajadores y del propio patrimonio de la entidad. Asimismo, hacemos un llamamiento a las autoridades competentes para que exijan que cualquier servicio que implique manejo de efectivo y atención a personas en entornos vulnerables cuente con las medidas de seguridad adecuadas y profesionales habilitados.
La seguridad no puede estar sujeta a recortes ni a decisiones unilaterales que ponen en riesgo a quienes menos alternativas tienen. Abandonar a los ciudadanos del rural y a los propios empleados bancarios a su suerte es una medida injustificable que desde USO combatiremos con todos los medios sindicales y legales a nuestro alcance.
Fuente: 21noticias
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