El pasado día 27 de agosto, Gerardo Román Igle-sias, Secretario General de la Federación de Tra-bajadores de Seguridad Privada de Galicia (FTSP-USO Galicia) y Fernando López López responsable de la (FTSP-USO de Lugo), mantuvieron una reunieron con el Sr. José Manuel Barreiro, presi-dente del Partido Popular de Lugo, además de portavoz del PP en el senado, para expresarle su preocupación respecto a la situación que se vive tanto en el Museo Provincial de Lugo como en el Pabellón de deportes de la misma ciudad, ambos dependientes de la Diputación Provincial de Lu-go.
Esta preocupación viene motivada por la situa-ción en la que se encuentran estos dos centros públicos, por la paralización de la adjudicación a la empresa Alcor Seguridad, tras la denuncia que la USO presentó al observar graves irregularida-des y una mas que probable baja temeraria en la oferta que esta empresa llevó al concurso, con lo que consiguió quedar mejor situada con respecto al resto de empresas en la adjudicación definiti-va.
A raíz de esto, la Diputación solicito al Consello Consultivo de contratación de la Xunta de Galicia que emitiese un informe sobre la viabilidad o no de la prestación del servicio por parte de la em-presa Alcor, encontrándonos en este momento a la espera de la evacuación de dicho informe.
En la reunión se comunicó al Sr Barreiro la preocu-pación de la Federación de Trabajadores de Seguri-dad Privada de la USO, por la mala praxis que la empresa Alcor pone en práctica en cada servicio al que accede, tras obtener la adjudicación.
Además se le pidió se implicase en la propuesta que hace la USO, para que en las Licitaciones de contratación pública no solo a nivel local sino tam-bién general, se observen unos mínimos para una ‘contratación socialmente responsable’, y que vie-nen ya reflejadas en las directrices europeas al res-pecto.
Con ello lo que se pretende es proteger de alguna manera a los trabajadores, para que no sean siem-pre el eslabón mas débil en todos estos procesos de contratación, ya que se quedan indefensos ante empresas sin escrúpulos, que acceden a los concur-sos con bajas temerarias, y que difícilmente cubren el pago de salarios a los trabajadores, además de a la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social.
También se le solicitó la inclusión en los requisitos para la adjudicación, cláusulas como por ejemplo – obligar a las empresas que concursan para que cumplan con el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad – único texto que salva-guarda derechos laborales y evita que existan vigi-lantes de primera y de segunda, la FTSP-USO pide además que se incluya en los contratos públicos, el que ante cualquier incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria respecto del abono de los salarios a los trabajadores, se le pueda rescindir el contrato.
En la reunión se habló de las sentencias en firme y a favor de la USO, respecto a dos irregularidades capitales que la empresa Alcor incumple siempre que puede como son, el impago del salario en tiempo y forma y la vulneración de la ley de liber-tad sindical. Sentencias:
.- Septiembre 2014: La Audiencia Nacional, estima que la empresa Alcor ha vulnerado el derecho del sindicato demandante (USO) a la libertad sindical y a la acción sindical en la empresa, declarando radicalmente nula dicha conducta y ordena su ce-se inmediato, condenando a la empresa demanda-da a abonar al sindicato demandante USO una indemnización de 1.300 €.
.- Julio 2015: Una sentencia del juzgado de lo so-cial nº 1 y nº 3 de Lugo obliga a la empresa Alcor Seguridad a pagar los 40.000 euros que adeuda al conjunto de sus trabajadores cuando presta-ban servicios en el Pazo dos Deportes y en el Mu-seo Provincial, ambas entidades dependientes de la Diputación Provincial de Lugo.
En prensa: El progreso de Lugo julio 2015.
Según denuncia este sindicato, este incumplimien-to continuado en los pagos a los trabajadores, en-tre otras irregularidades anteriormente descritas, permite además a Alcor Seguridad, jugar con ven-taja en las distintas contrataciones con las admi-nistraciones públicas, lo que supone un perjuicio para otras empresas del sector que ‘si’ cumplen con el convenio nacional y la legislación laboral y tributaria vigente.
Fuente: ftspuso.org