La juez de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga la presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada en la empresa Mersant Vigilancia, indaga ahora si los responsables de la empresa también pagaron sobornos a funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social. Esta rama del caso surge a raíz de la declaración ante la Policía de al menos tres trabajadoras de la compañía de seguridad privada.
Una de ellas aseguró que «durante un tiempo entró dinero en la empresa de los pagos de los clientes, ya que se habían conseguido levantar los embargos que obraban sobre las cuentas». Esto fue obra de un abogado de Sevilla que era amigo del dueño de la empresa en la sombra, Francisco Javier Cabrera Santamaría, y del empresario de Carmona que terminó adquiriendo la empresa. «Al parecer había sobornado a funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria para que expidieran certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones con ambos entes públicos, sin ser esto cierto», expuso esta mujer.
Según esta misma declaración, el contable de Mersant le entregaba al abogado «unos cheques con dinero que luego él se encargaba de cobrar en el banco y con ese dinero pagar los sobornos a los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social». Uno de estos cheques, según consta en el sumario del caso, era de un importe de 30.000 euros y se libró en los «meses de diciembre de 2021 o enero de 2022». El abogado supuestamente se encargaba de conseguir los certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias de la empresa.
Durante la pandemia, el contable solicitó préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para todas las empresas del grupo por encargo de Cabrera. Estas ayudas fueron concedidas y se utilizaron las cantidades que se ingresaron para ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda, según destacó otra empleada de la compañía.
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