Más de 250.000 folios traen de cabeza a un juzgado de Madrid y al Ministerio de Trabajo. Son parte de la investigación del llamado caso Esabe, relativa al presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social supuestamente cometido por las empresas de este grupo, lo que llevó a la detención de gran parte de su cúpula. Nacido en los 90, Esabe apenas tardó unos años en convertirse en uno de los gigantes de la seguridad privada en España.
El pasado 7 de enero, la juez Purificación Elisa Romero, titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, el encargado de la investigación, ordenó que, de forma urgente, se designen cuatro funcionarios para analizar toda esa documentación.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solicitó personal para que, «en funciones de auxilio judicial y con la disponibilidad necesaria», estudien tan gigantesco expediente. Asimismo, les encarga que establezcan —individualizando los datos por empresas— cuál es la deuda contraída por cada mercantil del grupo por cada año, de 2008 a 2012, y cada tipo de impago.
Pero ésta no es la primera vez que la jueza pide, «a la mayor brevedad posible», estas labores de auxilio judicial. Las solicitó también en septiembre de 2018, mediante un oficio enviado a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; hoy, desgajado entre los departamentos que encabezan Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. El acuerdo de conformación del Gobierno bipartito PSOE-Podemos puso la Inspección en manos de la dirigente morada.
Tras esta solicitud de la juez, se designó a cuatro funcionarios. Pero, tras conocer en diciembre de ese año las características del encargo, el jefe de la Unidad Especial de Apoyo a Juzgados y Tribunales respondió por escrito denegando la participación de estos cuatro empleados públicos, entre los que estaba el propio firmante.
«No se reclama un pronunciamiento pericial sobre un objeto claro y determinado, previamente expurgado del material intervenido y que pudiera contener indicios de fraude a la Seguridad Social, sino la búsqueda de tales indicios en todo el material obrante en la causa y con la ubicación física de los funcionarios en las instalaciones del Juzgado», exponía el escrito. Por ello, concluyó, «no pueden abandonar las funciones que tienen encomendadas».
Delito fiscal
Estos empleados públicos, se explicaba en el documento, se dedicaban entonces a investigaciones laborales, por lo que estaban inmersos en «expedientes ya iniciados y sometidos a plazos de caducidad de las actuaciones y de prescripción». «En los términos expuestos, ese auxilio judicial constituye, de hecho, una agregación funcional de los cuatro funcionarios al Juzgado en régimen de dedicación exclusiva, por un periodo indeterminado y con el consiguiente cese en las funciones que actualmente tienen encomendadas», reiteraba el jefe de la Unidad Especial.
Ahora, en 2022, la jueza insiste y vuelve a solicitar, «con carácter urgente», la designación de cuatro funcionarios «que cuenten con la disponibilidad necesaria» para que —tras el análisis de los 250.000 folios y de los datos de ordenadores y móviles— emitan un informe sobre si las cantidades supuestamente no declaradas y adeudadas superan los 120.000 euros.
En esta causa, ejerce de la acusación pública la Tesorería General de la Seguridad Social y la acusación popular, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), cuyo secretario general, Basilio A. Febles señala la «falta de colaboración suficiente» por parte de la Administración Pública y critica «la poca ayuda» que está recibiendo este Juzgado en el escaneo de toda la documentación y la «tardanza» de la Inspección de Trabajo. «Con esta falta de medios, la Justicia no puede funcionar», sentencia. «Y, al final, son los trabajadores de Esade los perjudicados por este mal funcionamiento», culmina.
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