La Policía Nacional ha denunciado a cuatro empresas en la provincia de Sevilla por intrusismo en el sector de la seguridad privada tras comprobar que los servicios de vigilancia de unas obras eran realizados por personas sin ninguna habilitación para el desempeño de estas funciones.,Según un comunicado difundido este martes, las empresas denunciadas se enfrentan a sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros al tratarse de infracciones muy graves, pues dos de ellas son reincidentes
La Policía Nacional ha denunciado a cuatro empresas en la provincia de Sevilla por intrusismo en el sector de la seguridad privada tras comprobar que los servicios de vigilancia de unas obras eran realizados por personas sin ninguna habilitación para el desempeño de estas funciones.
Según un comunicado difundido este martes, las empresas denunciadas se enfrentan a sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros al tratarse de infracciones muy graves, pues dos de ellas son reincidentes.
En los dos últimos años se han interpuesto casi un centenar de propuestas de sanción por el mismo motivo, es decir, por la utilización de trabajadores sin habilitación o acreditación profesional válidos.
La Policía ha podido comprobar que en todos los casos los servicios investigados eran realizados por personas sin ninguna habilitación para el desempeño de funciones que están reservadas, por ley, al personal de seguridad privada.
Los empleados identificados trabajaban en distintas obras en construcción de las localidades de La Rinconada y Dos Hermanas, donde prestaban servicios de seguridad y protección del material y maquinaria depositada en las obras y utilizada para la construcción.
Estos operarios desarrollaban sus turnos de trabajo normalmente de noche, comenzando su jornada laboral a partir del momento en que los obreros de la construcción abandonan la obra.
Es en ese horario cuando las herramientas y maquinaria en general, así como los propios materiales de obra, quedan sin vigilancia, contratándose para la seguridad a personas sin experiencia y con unos salarios muy bajos, que pasan la noche vigilando las instalaciones, para prevenir robos y actos vandálicos.
Los vigilantes van vestidos con equipos de trabajo que en muchas ocasiones inducen a error, pues se confunden fácilmente con empresas de seguridad o incluso con uniformes de cuerpos policiales.
La presencia de estos trabajadores tiene una función disuasoria y su labor suele enmarcarse en el convenio colectivo del sector de la construcción, si bien su función es muy distinta, ya que entran en acción precisamente cuando cesa el trabajo en la construcción para desempeñar otro completamente distinto a aquél.
El vigilante de seguridad tiene que superar unos cursos de formación y/o pasar un proceso selectivo y formar parte de una empresa de seguridad, en la que debe continuar con la formación anual obligatoria.
Los trabajadores de las empresas de servicios no están instruidos en seguridad, ni tienen conocimientos sobre esa materia, lo que supone una sobreexposición frente a una agresión o un acto delictivo.
Sin embargo, su contratación es mucho más rentable, en términos económicos, que contratar a una empresa de seguridad, explica la nota.
La contratación de empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior y, por tanto, no inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada, para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos tanto públicos como privados, supone una infracción normativa tanto por parte del trabajador que desempeña esa actividad, como de la empresa a la que pertenece.
A los infractores se les puede aplicar el cuadro de sanciones previsto en la ley, que incluye desde las infracciones leves a las muy graves, llegando a 600.000 euros la cuantía máxima a imponer.
Fuente: La Vanguardia
Vigilante de seguridad 