Agentes de seguridad en atuneros abandonados a su suerte

El 27 de septiembre del 2016 el Grupo Parlamentario Socialista amparado en lo establecido en el artículo 193 y siguiendo el Reglamento del Congreso de los Diputados decide presentar una PNL (Proposición No de Ley) sobre medidas urgentes a tomar en relación con la prestación de servicios de Seguridad Privada en los barcos atuneros que, operan en el Índico donde expone que el Gobierno de esa legislatura no cumple con las obligaciones que la ley impone sobre el control de las prestaciones de este servicio y la forma de llevarse el mismo, ni tampoco la de asegurar que la empresa adjudicadora cumpla con las necesidades de formación y evaluación psicológicas de los profesionales que llevan a cabo esta actividad.

En el transcurso de este tiempo donde han pasado cuatro años de esta PNL que sacó este partido político que en aquel entonces estaba en la oposición, todo parece indicar que esta medida propuesta fue un brindis al sol ya que la situación de estos profesionales de la seguridad privada ha empeorado por momentos. En la actualidad respecto a sus condiciones laborales de trabajo el Gobierno que, es quien tiene la obligación de hacer que las leyes se cumplan y que esta actividad esté regulada y controlada, sencillamente no lo está haciendo; de hecho respecto a la formación de estos agentes no ha existido modificación ni cambio algunos y muchos de estos profesionales, después de llevar diez años de servicio siguen con la misma que se les ofreció al entrar, no cumpliendo con la formación continuada exigida por ley.

El apartado psicológico que debería ser uno de los pilares fundamentales para realizar este tipo de servicios con tanta responsabilidad, estrés y agotamiento, tampoco se está dando correctamente ya que únicamente se les hace un test antes de embarcar y jamás se les vuelve a repetir para llevar un seguimiento periódico respecto a la salud mental de estos agentes de seguridad.

De nada ha servido lo ocurrido hace cuatro años a bordo del barco “Txori Gorri” donde dos personas perdieron la vida y de seguir con esta tónica lo único que se va a conseguir es que vuelva a suceder lo mismo.

Lo único que se les exige antes de subir a bordo a nivel de salud es un análisis de sangre y un test psicotrópico anualmente y lo que nos preguntamos son cuáles son las razones por las que el Gobierno no está cumpliendo con su obligación, ya que con su omisión se está permitiendo que empresas de seguridad jueguen con la vida de estos profesionales.

Fuente: Murcia