Los trabajadores cifran en más de 24 millones el supuesto fraude de Ramírez a Hacienda y la Seguridad Social

El empresario y Héctor de Armas acudieron a declarar por camuflar como dietas las horas extras de los vigilantes

La Unión Sindical Obrera (USO) calcula en más de 24 millones de euros el dinero defraudado por los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, al camuflar como dietas las horas extras realizadas por los vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC). Ambos empresarios acudieron a declarar este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número ocho, que los está investigado por un delito de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, tras la demanda presentada en 2014 por el sindicato USO.

El juez sustituto Javier García García-Sotoca, hasta que se cubra la plaza de la anterior titular del juzgado Victoria Rosell, eximió a Héctor de Armas, actual dueño de Seguridad Integral Canaria, de declarar por su delicado estado de salud. Seguridad Integral Canaria fue declarada en concurso de acreedores en enero de 2018 y está abocada a la disolución.

Además de este procedimiento, que está todavía en fase de instrucción, se acaba de abrir -en marzo pasado- en el Juzgado de Instrucción número cinco otra causa penal en la que se imputa a los dos empresarios y a siete amigos y familiares de Ramírez, dos delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores, tras una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos. El Ministerio Público acusa a Ramírez y a sus socios de crear un entramado para descapitalizar a Seguridad Integral Canaria, desviando su dinero a otras empresas creadas exprofeso, para evitar el pago de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Entre estas empresas se encuentra Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novosegur, antes Marsegur.

Juan Díaz, secretario general de Seguridad Privada de USO, que acudió junto a otros miembros de la central y de Intersindical Canaria a la Ciudad de la Justicia para presenciar la entrada del propietario de Ralons y presidente de la Unión Deportiva, pidió “celeridad” a los jueces para concluir de una vez un proceso que se ha empantanado durante años, “con grabaciones de jueces incluidas”.

El letrado del sindicato considera que Ramírez y de Armas se exponen a una condena de ocho años de cárcel por el montante defraudado entre 2008 y 2016. Ramírez fue administrador único de SIC hasta noviembre de 2011, cuando le sustituye en el cargo Héctor de Armas, que pasó a ser dueño de la compañía en enero de 2017.

Miguel Ángel Ramírez aseguró este miércoles, poco antes de realizar su declaración ante el juez, que no es responsable de las actuaciones de las que se le acusa y apuntó a Héctor de Armas. “Yo no era administrador de la empresa en los años en los que se está hablando, entre 2015 y 2016. Desde 2011 dejé de ser administrador ” de Seguridad Integral Canaria. “Era Héctor de Armas el administrador de la compañía. No puedo responder de una gestión que no administré”, sostuvo. Sin embargo, a juicio de Juan Díaz, “los dos empresarios son responsables y ambos están encausados. Ramírez está demandado, de igual manera que lo está Héctor de Armas, desde el momento en que asume la administración única de la empresa”.

Díaz añadió que la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos ” le ha dado la razón a los sindicatos, al reconocer el fraude y relacionar todas las empresas y todos los socios directivos. Ahora hay un enfrentamiento y estamos ahora esperando a saber quien es el cabeza de turco. quien va a pagar las consecuencias de todo esto”.

Las principales víctimas de estas prácticas fraudulentas, destacó Díaz, han sido los trabajadores, que se han visto afectados además por la reducción de los sueldos entre un 30% y un 40%, con respecto al marco estatal, que trajo consigo la creación del convenio de empresa, que ha sido anulado por el Tribunal Supremo.

“Estamos hablando de reclamaciones millonarias, porque la diferencia por trabajador era de 400 euros al mes”, sostuvo. El número de trabajadores afectados en Canarias asciende a 3.000, una cifra que se eleva a 5.000 si se añaden el personal de vigilancia privada de la Península. A su juicio, “el escándalo es tan grande por la connivencia política”.

Muchos responsables políticos, denunció, “han sido cómplices de estos empresarios, a los que se ha adjudicado multitud de servicios, pese a que nosotros veníamos advirtiendo que esta prácticas sólo generaban precariedad y fraude. Hemos tenido que denunciar en el ámbito penal, porque las sanciones por los incumplimientos impuestas en la jurisdicción laboral eran rosquillas” para Ramírez.

El delegado de Seguridad de Intersindical Canaria, Francisco Medina, advirtió que aunque a primera vista pueda parecer que se trata sólo de “un baile de millones que no tiene interés y que no va con la gente, nos gustaría que la sociedad se diera cuenta de que detrás de todo este conflicto está el sufrimiento de miles de trabajadores que estuvieron  cinco meses sin cobrar y que parte de ese dinero aún no se ha recuperado”.

“La historia”, avisó, “se sigue repitiendo con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa que la Fiscalía asocia a este empresario. Tal y como sucedió con Seguridad Integral Canaria, los trabajadores han empezado a dejar de percibir sus salarios. Esta semana nos concentramos en el Cabildo de Gran Canaria y hemos suspendido la concentración prevista en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque la gerencia nos ha anunciado que va  rescindir el contrato con esta empresa”. Los vigilantes de Sinergias llevan un mes sin cobrar.

Medina añadió que Ramírez “tiene un protocolo de actuación bastante curioso y que consiste en lo siguiente: va montando empresas a las que aplica un convenio esclavista y cuando los jueces les obligan a pagar los salarios legales, convoca concurso de acreedores. Lo hizo con Seguridad Integral Canaria, lo hizo con Marsegur y ahora lo está haciendo con Sinergias. La propia Fiscalía ha denunciado que son empresas pantallas que han sido creadas para descapitalizar a Seguridad Integral Canaria”.

Fuente: La Provincia