La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha detectado irregularidades en el concurso del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios judiciales de la Xunta de Galicia
Según el sindicato, la licitación incumple la actual Ley de Contratación del Sector Público, en primer lugar a criterios económicos a valorar entre las empresa que se presenten.
El Sº de Organización Estatal de la FTSP-USO Iván Blanco, apunta que “mientras la Ley contempla que los criterios económicos a evaluar se deben situar como máximo en un 49% esta licitación los sitúa en un 60%, primando con ello el coste más bajo sobre la calidad del servicio prestado entre las empresas licitadoras”.
Otro incumpliendo detectado por el sindicato se sitúa en el presupuesto de licitación, alertando que no cubre los costes del servicio que la propia Xunta reconoce en los citados pliegos “el precio del valor del contrato no es suficiente para cubrir los costes del mismo, mayormente los salarios de los Vigilantes de Seguridad, que es lo que principalmente nos preocupa al poner en riesgo el abono de las nóminas de los trabajadores por la empresa a la que finalmente se le adjudique el servicio bajo perdidas” destaca Blanco.
Desde la USO muestran su preocupación por las deficiencias en la aplicación de la reciente Ley de Contratación por parte de las Administraciones, que aunque reconocen las posibles dificultades a la hora de preparar las licitaciones, exigen responsabilidad y esfuerzo por parte del Gobierno ya que están en juego las condiciones laborales de trabajadores en el caso de este tipo de servicios.
Vigilante de seguridad 