«Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores». Así se pronunciaba Pedro Sánchez como candidato de la oposición al Partido Popular. Ahora, como presidente del Gobierno, consciente de que su caballo de batalla tropezará con su debilidad parlamentaria, se limitará a reformular la legislación de 2012, con el objetivo prioritario de recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.
Con la connivencia de los sindicatos y frente a la oposición de los empresarios, el Ejecutivo abordará este cambio legislativo en una de las mesas de trabajo que ha establecido con los agentes sociales en el ámbito tripartito. La prioridad de los socialistas es revertir las altas dosis de flexibilidad que introdujo la reforma del mercado laboral de los populares en el año 2012, cuando, en lo peor de la crisis, se otorgó todo el poder a los empresarios para devaluar salarios como alternativa a los despidos.
Así, una compañía que atravesase dificultades económicas podía dejar de aplicar el convenio, incluidas las subidas de sueldos previstas en los pactos de ámbito sectorial, y dar preferencia a los acuerdos firmados en los diferentes centros de trabajo. Ahora corren otros tiempos y, con la recuperación de la economía, esta posibilidad parece tener los días contados.
Así lo anunció este martes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de la política de su departamento. La también titular de Seguridad Social avanzó además que se endurecerán los descuelgues -inaplicaciones del convenio colectivo- para que vuelvan a ser un mecanismo excepcional, al tiempo que se recuperará la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia, cuestiones que también se facilitaron con la reforma del PP.
La nueva convocatoria de la mesa de diálogo social será la tercera en apenas dos meses
Antes, tras la reunión celebrada en La Moncloa con Sánchez y los interlocutores sociales, el Gobierno anunció que convocará la mesa de diálogo social este mismo julio, en el que será el tercer encuentro a seis en apenas dos meses, prueba de la importancia que quieren otorgar los socialistas a las relaciones laborales en esta legislatura.
La mesa tendrá como líneas prioritarias, además de acabar con la primacía del convenio empresarial, modificar la subcontratación y reformar la formación profesional. También se estudiará la adaptación de las jornadas de trabajo como alternativa al despido cuando las empresas atraviesen dificultades económicas y el fomento de las políticas de igualdad, al tiempo que se revisará el contrato en prácticas y se promocionará el de relevo.
Precisamente, la ministra señaló como una de las prioridades de su departamento la revisión integral de los tipos de contratos. A su juicio, la recuperación cuantitativa del empleo no ha venido acompañada de un avance en calidad. Por ello, reiteró su intención de eliminar el contrato de apoyo a emprendedores -en su opinión, se ha utilizado de manera fraudulenta y no cumple su objetivo inicial- y de igualar la cotización para que los temporales coticen por los mismos conceptos que los indefinidos. Otra vía para incrementar los ingresos de la deficitaria Seguridad Social.
De hecho, la reactivación de las negociaciones con los empresarios y los sindicatos vendrá acompañada de la puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo, entre los que habrá uno específico en materia de pensiones, para abordar medidas que garanticen la sostenibilidad social y económica del sistema público y su equilibrio financiero.
Fuente: El Economista