Archivan la causa por insolvencia punible contra el empresario Miguel Ángel Ramírez

El Juzgado de Instrucción Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por presunta insolvencia punible.

El archivo de la causa, según recoge el auto, se realiza después de que el Ministerio Fiscal presentara cargos

contra Ramírez al apreciar que, después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria impusiera a Ramírez (cuando el magistrado Salvador Alba estaba al frente de la investigación sustituyendo provisionalmente a Victoria Rosell) una fianza de 17 millones de euros en la investigación por presuntos delitos contra la hacienda pública al frente de Seguridad Integral Canaria, éste había iniciado la liquidación de la sociedad de gananciales con la que hasta ese momento era su mujer.

En este sentido, el Ministerio Fiscal entendía que Ramírez, en su reparto de bienes con la que actualmente es su exesposa, podría estar “poniendo en peligro” el pago o cumplimiento de las obligaciones civiles “objetivamente y en abstracto”, lo que podría constituir un delito de insolvencia.

Posteriormente a estos hechos, la magistrada que sustituyó a Salvador Alba en la investigación, Carla Vallejo, rebajó la fianza a 3.251.950 euros, suma que fue depositada por Ramírez, explicando su defensa que esta cantidad sí estaba a su alcance para depositarla cautelarmente en la cuenta del Juzgado.

Así tras varios causas procesales en los que el Juzgado de Instrucción número 8 se inhibió en el conocimiento de estos hechos para formar pieza separada que finalmente llegó al Juzgado de Instrucción Número Uno, la defensa de Ramírez y de otras personas y sociedades investigadas en el procedimiento interesaron el archivo de las actuaciones, petición a la que se adhirió el Ministerio Público, representado por la fiscal Eva Ríos, al entender que el depósito de la fianza (3,2 millones de euros) eliminaba cualquier sospecha en cuanto a que Ramírez se hubiera valido de su proceso de divorcio para evitar que la justicia se quedara con sus bienes.

Por ello, el instructor en el expone el auto: “como apuntan las defensas y el propio Ministerio Fiscal se ha de archivar el procedimiento, pues la fianza se ha prestado, y aunque en su momento todavía no se había declarado la solvencia del deudor porque, como se dice en el propio certificado, están pendientes de resolverse algunos recursos presentados, la documentación aportada ahora por el Ministerio Fiscal (auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se fija el importe de la fianza en la cantidad ya garantizada) y las alegaciones de la defensa permiten pensar que podrá ser declarado solvente”.

El auto es susceptible de recurso, si bien parece evidente que todas las partes están de acuerdo en que lo que procedía era el sobreseimiento.

Fuente: El Día