Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas fiscalizar los contratos de seguridad de la Administración desde 2012

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves por unanimidad solicitar al órgano que preside Ramón Alvarez de Miranda que fiscalice los contratos de la Administración General del Estado y empresas y fundaciones públicas con empresas de seguridad privada durante los últimos seis años.

De esta forma, el órgano fiscalizador deberá examinar la contratación pública de este sector, foco de varios conflictos laborales como el registrado el pasado verano en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, cuando los trabajadores de la empresa Eulen acudieron a la huelga para reclamar mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo.

En concreto, la iniciativa auspiciada por el reclama al Tribunal fiscalizar todos los contratos de seguridad privada de la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades del sector público empresarial y fundacional entre 2012 y 2017.

“PRECARIEDAD” Y “OPACIDAD DEL GOBIERNO”

Según ha defendido la diputada socialista María Jesús Serrano, la fiscalización se antoja “necesaria” tanto por las informaciones aparecidas sobre la precariedad laboral que sufren los trabajadores contratados, que en algunos casos cobran por debajo de lo establecido por convenio o incluso son víctimas de impago, como la negativa del Gobierno a responder a preguntas sobre este asuntos formuladas por la oposición.

“No ayuda ese silencio a la aclaración de las dudas. La opacidad alimenta la sospecha sobre esas contrataciones”, ha aseverado, denunciando la aparición de ‘empresas pirata’ que compiten por los contratos con ofertas que incluyen “bajas temerarias” sin que Gobierno ni los órganos de contratación impidan que estas condiciones acaben afectando a los derechos de los trabajadores.

Como ejemplo, ha recordado que los vigilantes de seguridad del Metro de Madrid de la empresa Seguridad Integral Canaria se encuentran en huelga por el impago de sus salarios, acumulando algunos de ellos, ha dicho, más de tres meses sin cobrar. Asimismo, ha instado al Gobierno a reflejar en todo contrato, incluso antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, las cláusulas sociales y laborales que impidan tanto la rebaja salarial respecto al convenio, como el impago a los trabajadores.

“¿QUE HAY DETRAS DE LAS ADJUDICACIONES?”

Unidos Podemos, a través de su portavoz en la comisión, Segundo González, ha reclamado “luz y taquígrafos” para “conocer qué hay detrás de todas las adjudicaciones”, en las que se ha denunciado la generalización de la “precariedad laboral”. “Si no hay nada que ocultar, se debería conocer lo que hay detrás”, ha dicho

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha lamentado que cuando no existe ni transparencia, ni eficiencia ni eficacia en la contratación pública, como en los casos expuestos, “se pierden derechos de los trabajadores, se pierden recursos públicos y valores” con los que, a su juicio, desde la clase política se debería “dar ejemplo”.

Lamentando la “demagogia” del resto de formaciones, el senador ‘popular’ Francisco Javier Fernández González ha manifestado su voluntad de instar a “resolver los problemas de los trabajadores” y penalizar esas ofertas con “bajas temerarias”. Aunque ha recordado que la fiscalización de todos los órganos y entidades de la Administración por parte del Tribunal ya debería recoger estos contratos, se ha manifestado a favor de encargar al Tribunal este informe específico.

Fuente: El Economista