Los últimos días de Seguridad Integral Canaria

La empresa de vigilancia privada de Miguel Ángel Ramírez vive sus horas más bajas: no paga los salarios desde hace dos meses, las administraciones le retienen los pagos y la banca le ha cerrado el crédito.

Una sucesión de condenas del Tribunal Supremo rechazando los descuelgues del convenio nacional de seguridad privada está en el origen de la crisis que va a acabar con la existencia de la compañía que se atrevió a amenazar a los grandes del sector.

Miguel Ángel Ramírez creyó un día que podía convertirse en alguien grande en el sector de la seguridad privada en España. Y estuvo a punto de conseguirlo. Empezó con buen pie en Canarias gracias al impulso que le dio su mentor, el ya fallecido Ángel Luis Tadeo. Ramírez empezó siendo su guardaespaldas y el poderoso empresario que llegó a ser Tadeo vio en él un emprendedor con mucho instinto y las suficientes ganas de gol como para apoyarlo. Seguridad Integral Canaria (SIC), la empresa con la que se hizo a sí mismo Miguel Ángel Ramírez, nacía con padrino y con clientes en un medio ambiente propicio y no tardó de esa manera en triunfar. Aquel joven de Tamaraceite que empezó cuidando y lavando los coches de los asistentes a los partidos del Club Baloncesto Claret (hoy el Gran Canaria, en la ACB) en el polideportivo de su barrio, dio un salto de una zona deprimida de la capital de Gran Canaria a codearse con la cúpula empresarial de la isla gracias a Tadeo y gracias a sus habilidades sociales. Hablaba su mismo idioma, les resolvía sus problemas y arriesgaba lo justo y necesario.

Cuando Ramírez dio el salto a la Península las cosas fueron diferentes y enseguida recibió el primer aviso de los capos del sector. Mientras limitó su campo de actuación a las Islas Canarias no preocupaba a la todopoderosa patronal Aproser, pero otra cosa distinta era optar a los grandes contratos del Estado, y eso no se lo iban a permitir. Su respuesta no pudo ser más desafiante: “Terminaré comprándoles sus empresas”, dicen en su entorno que les dijo. No se lo perdonaron nunca. Entró en el sector de la seguridad privada y también en el transporte de fondos, demasiado desafío para quienes se creyeron intocables.

Luego vino la crisis económica, y con ella la oportunista reforma laboral del Partido Popular, en la que Miguel Ángel Ramírez y su equipo vieron una oportunidad para ganar todos los concursos públicos convocados mediante la fórmula de la subasta, las licitaciones en las que el precio del servicio es el factor principal para ganar. Casi de inmediato, Seguridad Integral Canaria se descolgó de los convenios nacionales, pactó con sus trabajadores convenios que se alejaban de los salarios tipo del sector, y empezó a colonizar el territorio hasta entonces reservado a gigantes como Prosegur y Securitas.

Ramírez es un empresario afín al Partido Popular y en aquella reforma laboral creyó ver la llave para abrir la puerta al liderazgo nacional, a cuya mesa solo se sentaban unos pocos elegidos. No fue José Manuel Soria, el malogrado ministro canario que acabó mordiendo el polvo por los papeles de Panamá, el que lo apadrinó, por mucho que los enemigos de ambos hayan intentado vincularlos. Seguridad Integral Canaria ha ganado todo tipo de concursos en todas las administraciones a las que ha concurrido, muchas de ellas gobernadas por partidos nada cercanos al PP. Nadie ha logrado jamás demostrar la más mínima influencia de Soria en los concursos ganados por Ramírez; nunca ha habido una imputación penal en tal sentido porque hasta la fecha nadie ha presentado ni siquiera una denuncia en tal dirección. La estadística es muy tozuda y demuestra que han sido más los concursos impugnados por SIC ganados por otros competidores que los denunciados por haberlos ganado la empresa de Ramírez. Y la justicia le ha dado la razón en unas ocasiones y en otras no, es decir, la casuística habitual. Otra cosa es la voz popular o la leyenda, pero en rigor, nadie ha podido demostrar jamás que el exministro Soria beneficiara a Miguel Ángel Ramírez, entre otras cosas porque el éxito de este último ha estado basado fundamentalmente en los concursos objetivos basados en la subasta de precios y no en las valoraciones subjetivas de las licitaciones.

El principal enemigo de SIC ha sido SIC. Su crecimiento desaforado basado en una reforma laboral que la jurisdicción social de los tribunales de justicia ha ido tumbando sistemáticamente ha sido su perdición. La empresa vio Jauja en el descuelgue de convenios y Jauja ha sido su tumba.

En la mayoría de plazas donde ha operado se ha hecho con importantes concursos a base de llevar al límite el coste de la hora de cada vigilante de seguridad, y eso solo fue posible con las prerrogativas que abría la reforma laboral del PP. Sus competidores no se atrevieron a tanto y SIC se quedó con unos cuantos concursos muy cuantiosos y llamativos: Metro de Madrid, Patrimonio del Estado, Ministerio de Defensa… Cada triunfo venía acompañado de una obligación contractual: asumir a todo el personal de los concesionarios anteriores, lo que automáticamente convertía a todos los trabajadores en los principales propagandistas en contra de SIC porque de la noche a la mañana pasaron de ganar sueldos superiores a los 1.200 euros a un salario medio de 900.

La bomba no estalló sin embargo en SIC, estalló con la crisis del personal de seguridad del aeropuerto de Barcelona, gestionada por Eulen. La compañía vio cómo sus trabajadores declaraban una huelga que era fiel reflejo de la misma dinámica en la que se enredó Seguridad Integral Canaria. Los organismos públicos (o semipúblicos) se vieron ahogados por la crisis y los recortes y rebajaron sustancialmente los presupuestos de los servicios que sacaban a concurso. Esa estrategia condujo a licitaciones verdaderamente suicidas: instituciones llamadas a exigir salarios dignos publicaban ofertas públicas que animaban a los licitadores a pagar salarios fuera de convenio a sus trabajadores. Y quizás haya sido la seguridad donde más profundamente se haya notado esa política. Animadas por empresas como Eulen o Seguridad Integral Canaria, las administraciones públicas vieron en esa estrategia de los concursantes una oportunidad para cumplir con las exigencias del déficit y del techo de gasto.

Esa burbuja terminó reventando cuando los tribunales de justicia empezaron a tumbar los descuelgues de convenio que la reforma laboral del PP autorizaba. SIC, Eulen y otras empresas de seguridad mantuvieron el pulso hasta el final, confiando en que el Tribunal Supremo acabara dándoles la razón. Mientras llegaba el fallo definitivo se fueron acumulando derechos no atendidos y diferencias salariales muy suculentas, al tiempo que se seguían acumulando contratos ganados al calor de esos precios tan competitivos a costa de los sueldos de los trabajadores.

Pero el Supremo ha tomado resoluciones demoledoras que se resumen en unas consecuencias drásticas: hay que devolver a los trabajadores y trabajadoras los derechos y los salarios devastados por la aplicación de esa interpretación de la reforma laboral. Un éxito innegable de los sindicatos recurrentes, que lo celebraron de inmediato. Pero una noticia fatal para las empresas, que de repente se veían comprometidas por deudas millonarias.

Las empresas de seguridad privada acogidas a esas fórmulas tenían que aplicar de inmediato dos soluciones: la primera, sin duda, reponer a sus empleados y empleadas los dineros indebidamente rebajados en nómina y, paralelamente, renunciar automáticamente a los contratos alcanzados mediante concursos que ganaron con rebajas de costes íntimamente relacionados con drásticas reducciones salariales. Porque cada mes en las mismas condiciones era agrandar el agujero financiero.

Seguridad Integral Canaria reunió hace algunas semanas a los directores de medios de Canarias para explicarles cuál iba a ser su salida a esta crisis: vender sus activos a otras empresas del sector (principalmente a Sinergias de Vigilancia y Seguridad), capaces de mantener la misma dinámica salarial, a la espera de nuevos fallos judiciales, para con el resultado de esa venta pagar a los trabajadores el diferencial acumulado y mantener los puestos de trabajo, unos 3.500.

Según la empresa, esa solución había sido pactada con los representantes sindicales, es decir, un fraccionamiento del pago de la deuda salarial que habría de satisfacerse con la cuota mensual de 500.000 euros que Sinergia de Vigilancia y Seguridad está pagando a SIC por le venta de sus activos, sus actuales contratos. Pero los sindicatos quisieron asegurarse la ejecución de las sentencias y pidieron a los tribunales embargar las cuentas de la empresa SIC, lo que ha formado la tormenta perfecta: los juzgados bloquearon las cuentas de la compañía y embargaron los pagos de las administraciones acreedoras (Metro de Madrid, Ministerio de Defensa, Patrimonio del Estado…), lo que inmediatamente provocó el impago de todas las obligaciones, empezando por las nóminas de los trabajadores. Ese bloqueo se trasladó inmediatamente a la banca, que cerró las líneas de crédito y las operaciones de factoring que funcionaban habitualmente en momentos pacíficos.

Así lo explica la empresa, sometida estas últimas semanas a protestas públicas por adeudar las nóminas de octubre y noviembre. “No podemos cobrar ni pagar porque el bloqueo es absoluto. Esperamos hacerlo esta próxima semana” (la que comienza este lunes 18), aseguran en SIC.

Fuente: El Diario